A 31 años del atentado de la AMIA

El viernes 18 de julio se cumplen 31 años del peor atentado antisemita en la historia de América Latina: el ataque terrorista contra la sede de la AMIA, la mutual judía de Buenos Aires. A las 9:53 de la mañana de aquel lunes de invierno de 1994, una camioneta bomba explotó frente al edificio de la calle Pasteur 633, en el barrio de Once, dejando un saldo trágico de 85 muertos y más de 300 heridos. Más de tres décadas después, la herida sigue abierta y la justicia continúa en deuda.

El atentado contra la AMIA no fue un hecho aislado. Dos años antes, en 1992, la embajada de Israel en Buenos Aires había sido blanco de otro ataque con explosivos, también atribuido a Hezbollah, el brazo armado de Irán. Ambos atentados, perpetrados en el corazón de la Argentina democrática, dejaron al descubierto una red de terrorismo internacional operando con impunidad en Sudamérica, y una estructura estatal incapaz —o en ocasiones, reacia— a desentrañar las responsabilidades y llevar a juicio a los culpables.

Este aniversario encuentra a la comunidad judía argentina —la más numerosa de América Latina y una de las más influyentes del mundo— en un momento de renovada visibilidad, acompañada por señales claras desde el gobierno nacional.

El presidente Javier Milei ha manifestado desde su asunción un fuerte compromiso con la comunidad judía, y ha reiterado su intención de utilizar todos los recursos del Estado argentino para avanzar en la identificación, enjuiciamiento y condena de los responsables del atentado de 1994. Entre las medidas que impulsa su administración se encuentra la implementación del juicio en ausencia, una herramienta legal que permitiría juzgar a los acusados iraníes sin su presencia física, dado que Teherán se ha negado sistemáticamente a extraditarlos.

Como muestra de ese respaldo institucional, el propio presidente Milei —junto con miembros de su gabinete— tiene previsto asistir al acto central de conmemoración este viernes. Su presencia será leída como un gesto inequívoco de respaldo a la comunidad judía, pero también como una señal geopolítica en el contexto del enfrentamiento abierto entre Israel e Irán.

La república islámica, sindicada como el gran patrocinador del terrorismo internacional, es la responsable tanto del atentado contra la AMIA como de la masacre del 7 de octubre de 2023 en Israel, donde más de 1.200 personas fueron asesinadas por terroristas de Hamas, otra organización considerada proxy de Teherán.

En ambos casos, la lógica fue la misma: utilizar grupos intermediarios para atacar objetivos judíos, en distintas latitudes pero bajo la misma sombra. Hezbollah en Buenos Aires; Hamas en el sur de Israel. La comunidad internacional, sin embargo, ha respondido con lentitud y, muchas veces, con indiferencia. Por eso, en los actos de este año, la consigna “Memoria y Justicia” se ha expandido para incluir también a las víctimas del 7 de octubre y a los secuestrados que aún permanecen en Gaza. Entre ellos, cuatro ciudadanos argentinos, cuya situación sigue siendo una herida punzante para sus familias y para el país.

Los actos de conmemoración no se limitaron a Buenos Aires. Comunidades argentinas en distintas partes del mundo organizaron homenajes, y se destacaron particularmente los eventos realizados por las embajadas argentinas en Israel y en Estados Unidos. En Jerusalén, el acto tuvo lugar en el Parlamento israelí, la Knéset, con la presencia de legisladores locales, diplomáticos y representantes de la comunidad judía. En Washington, el Congreso estadounidense fue escenario de un homenaje similar, que recordó la magnitud del atentado y la deuda pendiente de justicia.

El caso AMIA se ha convertido, con el paso de los años, en un símbolo de las falencias institucionales argentinas, pero también en una causa global. Numerosos países y organizaciones internacionales han instado a Irán a colaborar con la investigación, sin éxito. Interpol mantiene alertas rojas contra varios funcionarios iraníes, incluyendo al exministro de Defensa Ahmad Vahidi, pero Teherán sigue negando su responsabilidad. En Argentina, la investigación ha atravesado décadas de irregularidades, encubrimientos y polémicas, entre ellas la sospechosa muerte del fiscal Alberto Nisman en 2015, quien había acusado a altos funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de encubrir a los iraníes.

En ese escenario, la decisión del gobierno actual de avanzar con el juicio en ausencia podría marcar un punto de inflexión. Se trataría de la primera vez que el Estado argentino logra llevar a juicio a los acusados, aunque sea simbólicamente, y sin su presencia. No reemplaza a una extradición ni a una condena efectiva, pero podría significar un primer paso hacia algo que las víctimas y sus familias vienen exigiendo desde hace más de tres décadas: justicia.

A 31 años del atentado, la memoria se mantiene viva. No sólo en los discursos y en los actos oficiales, sino en el reclamo persistente de una sociedad que se niega a aceptar la impunidad como destino. El crimen de la AMIA no fue sólo contra una comunidad; fue contra un país entero. Y la justicia, cuando llegue, no será sólo para los 85 muertos de 1994, sino también para toda la Argentina.