A 33 años del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina

Hoy se cumplen 33 años de un atentado que sacudió los cimientos de la Argentina democrática y quebró la sensación de seguridad de toda una comunidad. El 17 de marzo de 1992, a las 14:45, una camioneta Ford F-100 cargada con explosivos se estrelló contra el edificio de la embajada de Israel en Buenos Aires, en la esquina de las calles Arroyo y Suipacha. El impacto fue devastador: 22 personas murieron y más de 240 resultaron heridas. Muchos de ellos eran transeúntes que simplemente pasaban por la zona, vecinos del barrio y empleados de oficinas cercanas. El ataque no solo significó la primera acción terrorista internacional de gran envergadura en suelo argentino, sino que también representó el inicio de un largo y doloroso camino en busca de justicia. Un camino que, más de tres décadas después, sigue sin resolverse.

El atentado a la embajada de Israel se convirtió en un hito traumático. Por primera vez, la comunidad judía de Argentina —la más grande de América Latina— sintió el terrorismo de cerca. La explosión destruyó completamente el edificio de la delegación diplomática, así como una iglesia católica lindera, además de viviendas y oficinas en varios metros a la redonda. Los bomberos y equipos de rescate trabajaron durante días en la remoción de escombros, mientras familiares de las víctimas aguardaban noticias, aferrados a la esperanza de encontrar sobrevivientes. Lo que hallaron fue, en su mayoría, destrucción y desolación.

La investigación judicial sobre el atentado fracasó casi desde el principio. Argentina, que en esos años era gobernada por el presidente Carlos Saúl Menem, no contaba con los recursos ni los protocolos necesarios para hacer frente a un crimen de terrorismo internacional de esta magnitud. La debilidad institucional, sumada a la corrupción enquistada en los aparatos judicial y policial sumieron la causa en un limbo del que nunca ha salido del todo. Hasta el día de hoy, nadie ha sido condenado por la masacre.

Las hipótesis sobre los motivos y los responsables han sido numerosas. El entonces presidente Menem sugirió que su política exterior podría haber sido un factor desencadenante. En varias entrevistas, sostuvo que el hecho de haber sido el primer mandatario argentino en visitar Israel pudo haber irritado a organizaciones terroristas islámicas. Otra explicación, que él mismo ofreció, apuntaba a la participación de Argentina en la coalición liderada por Estados Unidos durante la Guerra del Golfo en 1991. Esta postura internacional habría convertido al país en un blanco para quienes buscaban vengarse de Occidente.

Sin embargo, estas interpretaciones oficiales omitían un elemento clave: las falencias estructurales del Estado argentino. La debilidad de los controles fronterizos, la precariedad de los servicios de inteligencia y la extendida corrupción en los organismos encargados de la seguridad nacional generaban un escenario propicio para que actores externos planearan y ejecutaran atentados sin mayores dificultades. Y lo hicieron de nuevo dos años más tarde. El 18 de julio de 1994, otro atentado —esta vez contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)— dejó 85 muertos y más de 300 heridos. La herida, aún abierta, se profundizó.

En 2022, una investigación llevada a cabo por el periodista israelí Ronen Bergman para The New York Times, basada en documentos de inteligencia del Mossad, arrojó algo de luz sobre el caso. El informe identificó a la organización libanesa Hezbolá como la autora material del ataque. Según esta versión, el atentado no buscaba dañar a Argentina en particular, como sugería Menem, sino que pretendía golpear intereses israelíes en represalia por la muerte de Abbas al-Musawi, entonces secretario general de Hezbolá, abatido por Israel en el sur del Líbano apenas un mes antes del atentado en Buenos Aires. La embajada israelí en la capital argentina resultó ser un blanco vulnerable en un país cuya seguridad interna era fácilmente burlada.

Pese a estas revelaciones, en Argentina el proceso judicial permanece inconcluso. La causa está plagada de irregularidades y acusaciones de encubrimiento. Nadie ha sido juzgado ni condenado, y los familiares de las víctimas siguen esperando respuestas.

El sitio donde se encontraba la embajada de Israel ha sido transformado en un espacio de memoria. Allí, permanece en pie un fragmento del muro original del edificio atacado. Dos hileras de tilos bordean el lugar, cada uno de ellos plantado en recuerdo de los fallecidos. Una placa recuerda sus nombres, y cada 17 de marzo se realiza un acto de homenaje. Sobre la plaza, en el centro, se levanta un monumento que no solo honra a las víctimas sino también al Estado de Israel, blanco de aquel atentado.

Hoy, como cada año, sobrevivientes, familiares y miembros de la comunidad judía volverán a reunirse en el lugar para rendir tributo a quienes murieron. Y también renovarán el reclamo de justicia. "Memoria y verdad" son las palabras que año tras año se repiten, mientras la impunidad sigue siendo una deuda pendiente de la democracia argentina.