Argentina sabía que Josef Mengele se ocultaba en Buenos Aires

La figura de Josef Mengele, el médico de las SS conocido como el “Ángel de la Muerte” por sus experimentos inhumanos en Auschwitz, ha flotado durante décadas sobre la memoria argentina como una presencia espectral: rumores, testimonios inconexos, archivos semicerrados y una larga tradición de silencio estatal. Sin embargo, la reciente decisión del presidente Javier Milei de desclasificar más de 1.800 documentos vinculados a la actividad nazi en Argentina ofrece, por primera vez, una confirmación sólida y documental de algo que los investigadores sospechaban desde hacía años: Mengele no solo entró al país, sino que vivió con suma comodidad, bajo identidades reales y falsas, mientras las autoridades conocían su paradero y sus movimientos.

Los nuevos documentos —informes de inteligencia, notas policiales, decretos presidenciales y registros migratorios— revelan que el criminal nazi ingresó en 1949 con un pasaporte italiano emitido a nombre de Helmut Gregor, por las redes de fuga europeas conocidas como “ratlines”. Estas rutas, en las que colaboraron funcionarios simpatizantes del nazismo, sectores de la Iglesia y agentes de inteligencia de la posguerra, permitieron la salida organizada de cientos de jerarcas y colaboradores del Tercer Reich hacia Sudamérica. Argentina fue uno de sus principales destinos.

Una vez asentado en Buenos Aires, Mengele se movió con total tranquilidad. Los archivos detallan domicilios en barrios residenciales como Florida, Vicente López y Carapachay. A mediados de los años cincuenta, incluso comenzó a utilizar su verdadero nombre, amparado en la laxitud burocrática, la protección informal de ciertos sectores políticos y una sociedad que —en plena efervescencia industrial del peronismo— no se interesaba demasiado en revisar los antecedentes de los inmigrantes europeos que llegaban por miles. Según los documentos, llegó a trabajar en un laboratorio médico privado y mantenía vínculos laborales que nunca despertaron sospechas formales dentro del sistema de salud argentino.

Pero el material desclasificado no solo ilumina la vida de Mengele en el país: también revela la compleja posición del Estado argentino. Informes secretos del período muestran que las autoridades conocían la verdadera identidad del fugitivo y seguían sus pasos, aunque sin actuar para detenerlo. En este sentido, el gesto del actual gobierno argentino —permitir el acceso total a estos archivos— es un reconocimiento indirecto de cómo funcionaban ciertas instituciones en la segunda mitad del siglo XX. La apertura documental representa un giro histórico: un país que durante años encubrió o ignoró a criminales nazis se compromete ahora a esclarecer esa misma historia.

Uno de los aspectos más impactantes es la cantidad de testimonios de sobrevivientes de Auschwitz recopilados por la policía argentina. En ellos, los declarantes describen a Mengele con su uniforme de oficial de las SS, su guardapolvo blanco y su conducta metódica —una frialdad clínica— durante las selecciones que decidían quién trabajaba, quién era enviado a experimentación y quién iba directamente a las cámaras de gas. Estos testimonios, aunque archivados, nunca se tradujeron en acciones concretas contra él. Los documentos muestran una burocracia que registraba, anotaba y observaba, pero que se detenía siempre un paso antes de intervenir.

El cerco comenzó a cerrarse recién a finales de los años cincuenta. En 1959, Alemania Occidental pidió oficialmente la extradición de Mengele, pero un juez argentino rechazó la solicitud argumentando defectos procesales. Ese dictamen selló la posibilidad de detenerlo en Argentina. Poco después, alertado por la presión diplomática, Mengele abandonó el país rumbo a Paraguay, donde obtuvo ciudadanía y continuó moviéndose con libertad. Desde allí se trasladó a Brasil, protegido por comunidades de inmigrantes alemanes que le ofrecieron refugio y anonimato. Murió en 1979, ahogado tras un accidente cerebrovascular en una playa cercana a São Paulo, y fue enterrado bajo otra identidad. Solo años más tarde, análisis forenses confirmaron que aquellos restos pertenecían al médico de Auschwitz.

Los documentos recién desclasificados también contextualizan la presencia de otros criminales nazis en Argentina. Probablemente el más tristemente célebre sea Adolf Eichmann, arquitecto de la “Solución Final”, vivió tranquilamente en Lanús bajo el nombre Ricardo Klement hasta su captura por el Mossad en 1960. Erich Priebke, responsable de la masacre de las Fosas Ardeatinas, pasó casi medio siglo en Bariloche antes de ser extraditado a Italia. En total, historiadores estiman que entre 300 y 1.000 nazis y colaboradores europeos se refugiaron en el país en las décadas posteriores a la guerra.

La desclasificación ordenada por Milei marca una ruptura con ese pasado. El gobierno argentino ha señalado que su objetivo es colaborar con instituciones internacionales —entre ellas el Centro Simon Wiesenthal, que desde los años setenta reclamaba la apertura de estos archivos— y avanzar en la reconstrucción histórica sin restricciones políticas. Para la comunidad judía local, la más grande de América Latina, el gesto tiene también un significado moral: por fin se transparenta una etapa oscura en la que el Estado argentino, deliberadamente o no, ofreció cobijo a quienes participaron en la maquinaria del genocidio.

Si bien la apertura de archivos no repara el daño ni cambia lo ocurrido, sí contribuye a recalibrar la memoria histórica. La historia de Mengele en Argentina deja de depender de rumores, testimonios aislados y reconstrucciones parciales: ahora se sostiene en registros oficiales que muestran, con claridad documental, cómo uno de los criminales más buscados del siglo XX vivió entre argentinos sin ser molestado.