Así sigue premiando la Autoridad Palestina a los terroristas

La Autoridad Palestina (AP) ha estado filtrando, con oportuno dramatismo, historias al distintos medios asegurando que el infame programa pay for slay —el sistema de recompensas a terroristas y a sus familias— había sido finalmente desmantelado. Para ser sinceros, este es uno de los requerimientos del gobierno de Estados Unidos para permitirles tener más “reconocimiento oficial”. Y para una audiencia internacional ávida de buenas noticias, la narrativa resultaba irresistible: un gesto de madurez política, una modernización largamente esperada, el fin de una práctica que desde 2011 ha tensado la relación del gobierno palestino con sus donantes occidentales.

El problema es que la historia, como casi siempre en este conflicto de sombras largas, no duró lo suficiente para volverse verdad.

Según informes presentados por la Cancillería israelí, lo que va de 2025 ya arroja un número tan elocuente como incómodo: 214 millones de dólares desembolsados en estipendios a prisioneros, “mártires” y sus familias. El año pasado, ese monto había sido de 144 millones. Si la reforma existe, parece operar bajo una lógica peculiar: cuando se suspende un programa, el presupuesto no suele crecer un 48%.

Una reforma que no reforma nada

Desde febrero, el presidente Mahmud Abbas ha reiterado que el antiguo sistema quedó atrás. En su lugar habría nacido un mecanismo moderno, casi tecnocrático, administrado por una nueva entidad —la Institución Palestina para el Empoderamiento Económico (PNEEI)— encargada de asignar ayudas según criterios de vulnerabilidad socioeconómica. Las transferencias, se prometió, ya no serían un premio por la severidad del ataque, sino un gesto de asistencia social.

El anuncio sonó como un intento elegante de alinearse con la presión estadounidense y europea. En Bruselas, algunos despachos incluso saludaron el gesto como un “paso positivo en la dirección correcta”. El problema es que la dirección, en el terreno, seguía siendo exactamente la misma.

Porque mientras los comunicados hablaban de “centros autorizados”, los pagos se realizaron —como siempre— en las oficinas de correos de la Autoridad Palestina, cuya función, desde hace años, no es precisamente enviar cartas: es administrar salarios de terroristas.

Las capturas de pantalla de conversaciones, los avisos oficiosos en Facebook, las listas circulando en canales de Telegram, todos apuntaban a lo mismo: los pagos seguían fluyendo, discretos pero intactos, el 11 de septiembre, el 25 de octubre, y cada mes desde entonces.

Lo único que se ha encargado de hacer la AP es “rebautizar” el viejo sistema. El pay for slay dejó de llamarse así, y pasó a ser parte del “Sistema de Protección Social Unificada”. Los prisioneros ya no eran prisioneros: eran “beneficiarios”. Sus familias, antes exaltadas como símbolos de resistencia, hoy aparecen en formularios como “casos de asistencia”. Y el PNEEI, al que algunos reporteros extranjeros describieron como “extra-gubernamental”, resultó estar dirigido por funcionarios de primer nivel, ministros incluidos.

La ficción llegó al punto en que la propia AP afirmó que los pagos recientes eran obra de “personas no autorizadas” con acceso a sus cuentas bancarias. Como si millones de dólares hubiesen escapado de la tesorería sin que nadie lo notara.

La verdad que nadie quiere mirar

El detalle más revelador, sin embargo, no está en los comunicados sino en la constancia. Desde 2011, cuando organizaciones de monitoreo israelíes expusieron por primera vez el alcance del programa, la Autoridad Palestina jamás dejó de pagar. Y, cuando en febrero Abbas anunció su supresión, apenas diez días después aseguró ante el Consejo Revolucionario de Fatah que “si quedara un solo centavo, será para los prisioneros y los mártires”. No fue una metáfora.

La consecuencia es previsible: las reformas existen en papel; los pagos, en efectivo. Los donantes occidentales piden transparencia; la AP ofrece formularios nuevos. Europa asegura que ni un euro suyo financia los subsidios; Israel responde mostrando recibos y cifras. Y en los pueblos y ciudades palestinas, cada mes, los cajeros automáticos de las oficinas de correos ocurre la misma rutina de siempre.

El escándalo recurrente del pay for slay no es solamente el choque ético entre políticos que dicen querer la paz y un sistema que recompensa actos de violencia. También es un retrato de la fragilidad institucional de la Autoridad Palestina: su dependencia financiera de Europa, su necesidad interna de legitimar la lucha armada ante su propia población, su miedo a perder control frente a Hamas, y su incapacidad de sostener una narrativa coherente ante el mundo.

A la comunidad internacional, por su parte, tampoco le faltan motivos para la ambigüedad. El colapso del sistema palestino traería una factura —política, humanitaria, militar— que nadie quiere pagar.

La cifra de 214 millones de dólares en los primeros once meses de 2025 no es una nota a pie de página: es un diagnóstico. Revela no sólo la persistencia del programa, sino su expansión. El sistema no se ha desmontado. Ha cambiado de nombre, ha cambiado de método, pero no ha cambiado de pulso.