Chile, una vez más contra Israel

La Cancillería chilena oficializó lo que para muchos observadores ya era un hecho consumado: el retiro de los últimos agregados militares de su embajada en Israel. ¿La excusa? Lo que calificó como la “gravísima situación humanitaria” en Gaza. Aunque el gobierno chileno se apresuró en negar que se tratase de un paso hacia la ruptura diplomática, el gesto —y su tono— fue inequívoco: Chile bajo el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha adoptado sistemáticamente posturas antiisraelíes. Y no es un viraje reciente.

Desde que asumió la presidencia en marzo de 2022, Boric ha hecho de su política exterior un terreno fértil para posicionamientos simbólicos. En septiembre de ese año, el mandatario chileno sorprendió al negarse a recibir las cartas credenciales del embajador israelí Gil Artzyeli, un gesto diplomático que tensó desde el inicio los vínculos entre ambos países. La tensión no sólo no amainó: se ha ido intensificando con cada episodio del conflicto en Medio Oriente.

Tras los ataques del 7 de octubre perpetrados por el grupo terrorista Hamás, que dejaron más de mil muertos y cientos de secuestrados, gran parte del mundo condenó el terrorismo islamista. Sin embargo, la respuesta oficial chilena fue distinta. Boric evitó toda condena directa a Hamás, enfocando sus declaraciones en lo que denominó la “desproporcionada respuesta israelí”. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un gesto que no pasó desapercibido, se reunió con Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, a quien describió como un socio en la lucha por los derechos humanos. Poco pareció importarle el historial de Abbas, en el poder desde hace dos décadas sin elecciones democráticas y con múltiples acusaciones de corrupción y apoyo tácito al terrorismo.

La narrativa del “genocidio” —palabra repetida por Boric y por los comunicados oficiales chilenos desde entonces— se ha convertido en el centro del discurso gubernamental. En noviembre de 2023, Chile retiró temporalmente a su embajador en Tel Aviv tras bombardeos israelíes en Gaza. Meses más tarde, el país apoyó públicamente la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, acusándolo de genocidio. Y en abril de este año, prohibió la participación de empresas israelíes en la feria aeroespacial FIDAE, una decisión que en Jerusalén se leyó como una sanción política encubierta.

La última señal llegó esta semana con el retiro de los coroneles Christian Stuardo Núñez y Marcelo Eló Rodríguez, últimos agregados de Defensa y Fuerzas Armadas en Tel Aviv. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, la decisión obedece a las “indiscriminadas operaciones militares del Ejército de Israel” y a los obstáculos para el ingreso de ayuda humanitaria. Aunque el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que no debe “especularse” con una ruptura de relaciones diplomáticas, fuentes diplomáticas israelíes ya señalan que Boric podría anunciar dicha ruptura en su próxima cuenta pública. La presidencia palestina, por su parte, no ocultó su entusiasmo: en un comunicado oficial, celebró la medida y agradeció la firmeza del presidente chileno.

Pero la pregunta de fondo trasciende la relación bilateral entre Chile e Israel. Lo que se está configurando es una nueva grieta geopolítica en América Latina. Mientras países como Argentina, Paraguay y Ecuador han mostrado un respaldo firme a Israel y a su derecho a defenderse del terrorismo de Hamás –exigiendo además la liberación inmediata de los secuestrados–, otros gobiernos como los de Brasil, Bolivia y Chile han preferido centrar sus discursos en la crítica a la respuesta israelí, con un énfasis casi exclusivo en la situación humanitaria palestina.

El caso chileno es, sin embargo, particular. No sólo por la intensidad de su retórica, sino también por su contexto interno. Chile alberga la mayor comunidad palestina fuera del mundo árabe, con cerca de medio millón de personas. En los últimos meses, la aprobación de Boric ha caído estrepitosamente debido a escándalos políticos locales y una economía estancada. Para algunos analistas, su posicionamiento antiisraelí no es sólo ideológico, sino también estratégico: un intento por reconectar con una base electoral desilusionada, a través de una causa internacional con alta resonancia local.

El antisemitismo también ha asomado en el discurso oficial. En noviembre pasado, el Frente Amplio —coalición gobernante liderada por Boric— publicó un panfleto en redes sociales por el “Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino”, utilizando el eslogan “Desde el río hasta el mar, Palestina será libre”, una consigna históricamente asociada al rechazo de la existencia del Estado de Israel. Pese a las críticas de la comunidad judía chilena, el gobierno no emitió retractación alguna.

El caso chileno es un espejo que refleja una transformación más amplia en la izquierda latinoamericana, en la que las causas identitarias y los posicionamientos ideológicos han pasado a ocupar un lugar central en la política exterior, muchas veces en detrimento de la diplomacia tradicional y del equilibrio geopolítico.

El desenlace de este capítulo aún no está escrito. Pero lo que ya es claro es que bajo la presidencia de Gabriel Boric, Chile ha abandonado toda pretensión de neutralidad en el conflicto israelo-palestino. Y su decisión de alinearse con las posiciones más duras contra Israel —en un momento en que aún hay secuestrados por Hamás en Gaza— no sólo deteriora las relaciones bilaterales: revela una inquietante priorización de lo simbólico sobre lo moral.