La vida no es un derecho, es una responsabilidad

Al principio, los canadienses que deseaban obtener “asistencia médica para morir” (MAID, por su sigla en inglés) necesitaban que un médico declarara que les quedaban menos de seis meses de vida. Sin embargo, desde el 2021, conforme a la ley canadiense incluso los ciudadanos que no padecen enfermedades terminales pueden recurrir a médicos para que los ayuden a poner fin a sus vidas.

Sólo en ese año, más de 200 canadienses sin pronósticos graves recurrieron al programa MAID del país. Desde el 2016, se han registrado en Canadá más de 13.000 muertes asistidas médicamente.

Deslizándose peligrosamente por una pendiente resbaladiza, una enmienda a la ley, que entrará en vigor en el 2027, permitirá poner fin a sus vidas a los canadienses cuya única condición médica sea una enfermedad mental. En otras palabras, una persona con una enfermedad mental, incluso una tratable, se considera suficientemente competente para juzgar que es mejor estar muerto.

Una persona con una enfermedad mental, incluso una tratable, se considera suficientemente competente para decidir que es mejor estar muerto.

En Bélgica y los Países Bajos, la declaración de una persona de estar sufriendo de manera “intolerable” es suficiente para acceder a la ayuda de los médicos para acabar con su vida. Y esta opción también está disponible para los niños.

Ahora, la ley llamada “Ley de Ayuda Médica para Morir” ha sido aprobada por ambas cámaras legislativas en Nueva York y se encuentra en el escritorio de la gobernadora Kathy Hochul, esperando su firma o veto. La ley propuesta se encuentra, por ahora, en un nivel más alto de esa pendiente resbaladiza (como la ley original de MAID en Canadá, requiere el diagnóstico de una “enfermedad terminal”), pero la inclinación sigue siendo tan peligrosa como siempre.

En Canadá abundan las historias sobre personas pobres y discapacitadas que son presionadas para considerar el suicidio.

Pero la ley de MAID propuesta en el Estado de Nueva York es más que otro ejemplo inquietante de cómo la sociedad ha perdido su brújula moral, aquí, la convicción de que la vida sólo vale la pena preservarse si cumple con ciertos “estándares” vitales. La aprobación social de poner fin a la vida de pacientes “terminales” (y todos los seres vivos, por supuesto, tienen un término) puede llegar a poner en peligro la vida de nuestros seres queridos y también nuestras propias vidas.

El Dr. Mark D’Souza, un especialista canadiense en dolor crónico que se jubiló en el 2017 cuando su gobierno se negó a proteger el derecho de los médicos a negarse a ayudar a los pacientes a poner fin a sus vidas, ha denunciado la “vergüenza y censura dirigida contra quienes no están de acuerdo con la ortodoxia actual sobre la eutanasia".

En nuestro afán utilitarista y utópico, el derecho a morir hoy puede convertirse mañana en el deber de morir.

Él advierte que “en nuestro afán utilitarista y utópico, el derecho a morir hoy puede convertirse mañana en el deber de morir”.

No es un escenario tan descabellado como podría parecer.

En el 2015, el seguro de salud a una madre californiana de cuatro hijos llamada Stephanie Packer, le informó que no cubriría los medicamentos de quimioterapia recetados por sus médicos. Posteriormente, su seguro le informó amablemente que tenía disponible otra opción, el suicidio asistido por un médico, por $1,20.

Ella se negó (y, dicho sea de paso, sigue viva), pero no es difícil imaginar que las compañías de seguros preocupadas por los costos consideren mejor la opción barata. Aunque el proyecto de ley de Nueva York, tal como está redactado, prohíbe a las compañías de seguros negar tratamientos y obligar a los pacientes a recurrir al MAID, la pendiente, como muestra el ejemplo de Canadá, es innegablemente resbaladiza.

Agudath Israel, una organización estadounidense que representa a los judíos ortodoxos, señaló en un escrito judicial que ha manejado cientos de casos en los que pacientes gravemente enfermos y sus familias fueron presionados para permitir que los médicos suspendieran tratamientos que podían salvar vidas en situaciones de final de vida.

En algunos casos, los centros de salud retiraron la nutrición y la hidratación de los pacientes incluso ante “las objeciones firmes de los responsables de la toma de decisiones sanitarias de esos pacientes”.

Además, incluso dejando de lado los centros de salud, las aseguradoras y las presiones de los médicos, no se puede negar que una actitud social, incluso una profundamente objetable, puede afectarnos a todos, ya que la sociedad en general ha abrazado por completo el “derecho a morir”.

El judaísmo es inequívoco respecto al hecho de que la vida no se trata de derechos sino de lo correcto. Es decir, de lo correcto y lo incorrecto, de responsabilidades. Y nos enseña que la vida es supremamente valiosa y que no tenemos permiso para acabar con ella a voluntad.

Que la gobernadora Hochul sea lo suficientemente responsable como para ejercer su veto.

Este artículo de opinión apareció originalmente en la revista Ami.