No es solo Israel, Argentina también tiene cuentas pendientes con Irán

El reciente estallido militar entre Israel e Irán marca una nueva etapa en el enfrentamiento entre ambos países: a diferencia de conflictos anteriores, esta vez el intercambio fue directo y abierto, sin intermediarios. Israel lanzó una serie de ataques aéreos que alcanzaron infraestructuras militares clave en suelo iraní, incluyendo depósitos de misiles balísticos y centros de comando. Pero, a pesar de lo que parece en la superficie, este conflicto no es sólo un tema de Medio Oriente, sino que también nos afecta a los latinoamericanos.

En el contexto de esta guerra, el régimen iraní anunció una reorganización de su cúpula militar. Entre los nombramientos más relevantes se encuentra el del general Ahmad Vahidi, designado como nuevo comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). La decisión no solo tiene implicaciones para el equilibrio militar en Medio Oriente, sino que también impacta directamente en América Latina, particularmente en Argentina.

Vahidi no es un nombre nuevo para las autoridades judiciales argentinas. Desde 2007, figura en la lista de Interpol con una alerta roja por su presunta participación como autor intelectual del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en Buenos Aires en 1994. El ataque dejó 85 muertos y más de 300 heridos, y es considerado el atentado terrorista más grave en la historia del país. Según la investigación encabezada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, Vahidi encabezó la mesa de decisiones del régimen iraní que resolvió llevar a cabo el atentado, cuya ejecución fue delegada a Hezbolá.

El gobierno argentino reaccionó con dureza ante su nombramiento. A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente repudió tanto los ataques de Irán contra población civil israelí como la designación de Vahidi. “Constituye una provocación inaceptable hacia nuestro país y hacia todos los pueblos libres que defienden la vida y condenan el terrorismo”, señala el texto, que además recuerda el pedido de captura internacional vigente.

Para el Ejecutivo argentino, el caso no es solo una cuestión de memoria o de política exterior. La Unidad Fiscal AMIA solicitó recientemente avanzar con el juicio en ausencia contra Vahidi y otros imputados, a fin de evitar que la impunidad internacional frene el avance del proceso judicial. La causa AMIA continúa activa, con múltiples acusados iraníes —entre ellos Moshen Rezai, Ali Fallahijan y Mohsen Rabbani— que jamás respondieron ante la justicia argentina. El ascenso de Vahidi dentro del aparato de seguridad iraní refuerza las sospechas sobre el respaldo institucional del régimen a los autores del atentado.

La designación del nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria se da en un contexto de máxima tensión. En las últimas semanas, Israel ha intensificado sus operaciones para desmantelar la capacidad militar iraní. Gran parte de la cúpula fue alcanzada: además de Ghaani, Israel abatió a Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor iraní. En paralelo, el líder supremo Alí Khamenei nombró nuevas figuras para liderar la estructura de defensa, en un intento por restablecer el control del régimen sobre su aparato militar.

La Guardia Revolucionaria Islámica —y en particular su unidad de élite, la Fuerza Quds— no opera únicamente en el plano militar. Su historial incluye múltiples operaciones extraterritoriales, con fuerte presencia en Medio Oriente, África y América Latina. En este último frente, Irán ha consolidado una red de influencia que incluye la actividad de Hezbollah en la Triple Frontera, la cooperación bilateral con regímenes aliados como Venezuela, y la presencia reiterada de funcionarios buscados en territorio sudamericano.

En 2011, Vahidi visitó Bolivia como ministro de Defensa de Irán, generando una fuerte reacción del gobierno argentino, que pidió su detención inmediata. Su salida fue gestionada discretamente por las autoridades bolivianas, pero el episodio volvió a evidenciar la capacidad de Teherán para mover a sus funcionarios a pesar de los pedidos internacionales de captura. En 2021, como ministro del Interior, integró una delegación oficial a Pakistán y Sri Lanka. Nuevamente, Argentina activó los mecanismos de cooperación internacional sin resultados concretos.

El conflicto actual entre Irán e Israel ha vuelto a poner en primer plano la estructura operativa del régimen iraní, no solo como actor estatal, sino como epicentro del terrorismo internacional. La relación entre la teocracia chiita y grupos armados como Hezbollah, así como el historial de ataques contra objetivos judíos y diplomáticos en el extranjero, confirman un patrón sostenido de acción directa contra intereses israelíes y occidentales fuera de Medio Oriente.

En ese marco, América Latina no puede considerarse ajena al conflicto. El atentado a la AMIA, al igual que el ataque de 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, demuestran que el régimen iraní ha actuado —y puede volver a actuar— en territorio latinoamericano. La designación de Vahidi, un militar con antecedentes directos en esos hechos, refuerza esa preocupación.

La política exterior argentina bajo la administración del presidente Javier Milei ha adoptado una postura más alineada con Israel y con los países occidentales en la condena del terrorismo islámico. El reciente comunicado oficial es coherente con esa línea. Sin embargo, los desafíos persisten: lograr que los responsables del atentado comparezcan ante la justicia requiere un compromiso internacional que, hasta ahora, ha sido insuficiente.